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Fecha: February 20, 2019 Autor: Redacción Parametro
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¿Es la Guardia Nacional una solución para la inseguridad en México?

Por edad, son los adultos jóvenes o millennials, quienes más rechazarían la medida de integrar a las Fuerzas Armadas como estrategia a favor de la seguridad pública.

Durante  sexenio de Enrique Peña Nieto sumaban 142 las bases mixtas con tres mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia. Datos revelados por el diario The Guardian indican que desde 2007 a 2016, México gastó 57 mil millones de dólares en seguridad.

En noviembre de 2018, se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior y con ello se desató la controversia, especialmente respecto a la defensa de los derechos humanos. En ella se proponía que el Presidente y las Fuerzas Armadas tomaran mayor control y les otorgaba más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”; limitaba al poder Legislativo y Judicial para controlar la ejecución de las tareas en materia de seguridad y se planteaba que los militares siguieran realizando tareas propias de autoridades civiles.

Exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales mexicanas, aseguraron que dicha ley era un grave riesgo para los derechos humanos porque “se ha demostrado que las fuerzas armadas no han contribuido a mejorar la situación de seguridad del país y han salido a la luz pública acciones que atentan contra los derechos humanos por parte de estos grupos”.

Sin embargo en enero la Cámara de Diputados recién conformada, emitió una minuta ligeramente distinta  relacionada con una de las propuestas bandera de la gestión actual: la Guardia Nacional.

La polémica volvió a surgir porque la propuesta que discutiría el Senado eliminaba varias disposiciones de la minuta de enero: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad; la colaboración con las entidades (artículo 21 constitucional) y el enunciado que los diputados habían incluido en el que se obligaba a la Guardia a actuar con perspectiva de género.

Se había omitido también la dirección explícitamente civil de la misma -“La Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil” versaba la minuta de enero- pero este jueves el Senado informó que la Guardia Nacional sí tendrá un mando civil. Además, se determinó que el presidente de la República podrá disponer del apoyo de las Fuerzas Armadas por un periodo máximo de cinco años para tareas de seguridad.

Se dijo en conferencia de prensa que no se modificará el artículo 13 de la Constitución, por lo que se dejó fuera la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar y se regirán por una “doctrina policial”. Además, se restauró el texto que ordena la colaboración y coordinación de la Guardia Nacional con las entidades federativas y municipios.

El documento respaldado por los grupos parlamentarios del Senado establece que se debe fortalecer a las policías estatales y municipales, y recibir para ello recursos de la Federación y las entidades.

En semanas previas el colectivo Seguridad Sin Guerra, que agrupa 300 organizaciones civiles y activistas en contra de la militarización de la seguridad pública, lanzó una estrategia en redes sociales para pedir a legisladores que voten en contra de la reforma que crea la Guardia Nacional, y a los ciudadanos que “presionen” a los senadores mandándoles tweets y correos electrónicos. El colectivo recalcó en un comunicado que la aprobación de la guardia nacional “Implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de los derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia”.

¿Es la Guardia Nacional una respuesta para la situación que viven los mexicanos? De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Telefónica Nacional realizada por Parámetro en 2018, siete de cada diez mexicanos (69.7 por ciento) no habían escuchado acerca de la Ley de Seguridad Interior y más de la mitad (52.6 por ciento) de los ciudadanos se oponían a la injerencia del ejército y la marina en operativos de calle contra el crimen organizado.

Un sondeo similar realizado por Parámetro en el mismo periodo, a usuarios de twitter, arrojó que la mayoría (58 por ciento) se pronunciaban en contra de la medida.

 

Por edad, son los adultos jóvenes o millennials, quienes más rechazarían la medida de integrar a las Fuerzas Armadas como estrategia a favor de la seguridad pública con 58 por ciento de rechazo, seguidos por el segmento de 30 a 49 años de edad con 53.2 por ciento de rechazo. Una ligera mayoría de adultos de 50 años de edad o más, apoyaría esta decisión.

 

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